Desde el año 2003, los representantes de las asociaciones de familiares y los profesionales de la psiquiatría, nos reunimos anualmente en Sevilla con el fin de articular una mejor comunicación entre las familias y los profesionales que atienden tanto a sus allegados, como a ellos mismos.
En este sentido, cabe destacar el formato de trabajo de estos talleres, que incluye grupos mixtos, y que garantiza unas conclusiones finales consensuadas entre los partícipes, con el fin de que resulten de utilidad tanto para pacientes, familiares y profesionales de la Salud Mental, como para las instituciones correspondientes; editándose una publicación que recoge tanto las presentaciones como las conclusiones de los grupos de trabajo.
El primer encuentro versó sobre el derecho a la información clínica, destacando los siguientes aspectos: Accesibilidad y calidad de la información que reciben los familiares, el papel de la familia, la búsqueda de ayuda, la detección precoz, los servicios sociales y sanitarios, los programas psicoeducativos, así como las alternativas al cuidador familiar.
Se concluyó que la familia es un elemento fundamental en la información, tanto en lo que se refiere a diagnóstico como a tratamiento, por lo que resulta necesario que disponga de la máxima información, participación y formación.
En 2004, la reunión se centró en el transporte sanitario en la asistencia psiquiátrica, discutiendo sobre la Declaración de Madrid, los principios de la ética psiquiátrica y el consentimiento informado, así como la protección de los enfermos mentales en ingresos y traslados involuntarios.
Las conclusiones fueron que el transporte sanitario es un acto médico, en el que los equipos de urgencia deben estar capacitados para ello y las fuerzas de seguridad sólo deben intervenir en casos extremos y a petición del médico responsable. Por todo ello, resulta necesario disponer de una normas de actuación homogéneas.
En la siguiente reunión el tema tratado fue la información clínica, como eje de la relación médico-paciente; detectándose cuatro niveles: General de la enfermedad, suministro por parte de la familia, valor terapéutico y formativo.
Del mismo modo, se puso de manifiesto que los familiares perciben dificultades para ser oídos por el profesional -por no disponer de tiempo, autorización o para no perturbar la relación terapéutica-. O incluso por el propio paciente -por no tener conciencia de la enfermedad, conflicto de intereses o no estar incapacitado y ejercer su derecho-; por lo que parecen imprescindibles mecanismos de coordinación.
En 2007 se discutió sobre la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, destacando que la enfermedad mental, a pesar de suponer una de las principales causas de discapacidad, los profesionales se encuentran con dificultades a la hora de aplicar el Baremo de Valoración de la Dependencia, ya que éste contempla fundamentalmente patologías de dependencia motora y no mentales.
Como conclusión, parece necesario reformular el actual baremo y, debido a la falta de formación y experiencia específicas en Salud Mental del equipo evaluador, procurar la presencia en la evaluación de un tercero especialista, así como de un informe pericial específico.
En 2008, el encuentro versó sobre la oportunidad de una equidad y cohesión en los servicios de salud mental al amparo de la Estrategia de Salud Mental en el Sistema Nacional de Salud, analizándose las perspectivas de los profesionales sobre los aspectos políticos, sociales y sanitarios de la Estrategia, así como su relación con las experiencias de la reforma psiquiátrica en España, y dedicándose especial atención a la perspectiva de los afectados por trastornos mentales y sus familiares.
La conclusión final, la necesidad de orquestar medidas a nivel social para exigir la cobertura de las necesidades actuales, siguiendo los mismos criterios y partidas económicas que se adjudican a otras patologías, al objeto de evitar inequidades.
En el encuentro de 2009, se abordó la situación de las personas con enfermedad mental grave en el medio penitenciario, concluyendo que los enfermos mentales que se encuentran en los centros penitenciarios necesitan recibir una atención multidisciplinar, para lo que sería necesario transferir la red sanitaria judicial a la red sanitaria global, para que sea el mismo sistema sanitario público el que atienda a los enfermos mentales al igual que ocurre con otras especialidades médicas. Acceso a la ponencia de la Magistrada-Juez del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 6 de Andalucía, Dña. Rosario Pilar Guedea Martín.
